España afronta incendios más largos, intensos y costosos. Suponen un problema de seguridad y ambiental, pero también económico y de competitividad. El verano de 2022 marcó un récord histórico con más de 268.000 hectáreas arrasadas, el triple de la media de la última década. A mitad de 2025, la superficie calcinada supera ya las 157.000 hectáreas, confirmando que la emergencia climática y la falta de gestión están convirtiendo cada verano en una amenaza creciente.
El fuego devora paisajes, infraestructuras y biodiversidad, pero también golpea la economía real con cosechas perdidas, turismo afectado y costes millonarios en extinción (19.000 € por hectárea) al que habría que añadir el de reconstrucción. Frente a ello, el debate ya no es si debemos gastar en el monte, sino cómo invertir de manera inteligente para reducir riesgos y generar valor. Porque cuesta menos prevenir que apagar y reconstruir, y cada euro que se destina a prevención puede ahorrar hasta 100 en extinción y daños posteriores.
En mayo de 2023, el Foro de Bosques y Cambio Climático (FByCC), junto con WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción, firmó un manifiesto sobre la singularidad de los bosques ibéricos. El texto advertía de su vulnerabilidad única en el contexto europeo y pedía a los poderes públicos que reconocieran una “excepcionalidad forestal ibérica” en las políticas nacionales y comunitarias.
La motivación es común, nuestros bosques mediterráneos, diversos y multifuncionales, soportan condiciones climáticas extremas, baja rentabilidad y un riesgo de incendios desproporcionado. A ello se suma el abandono del medio rural, que ha dejado millones de hectáreas sin gestión activa, con exceso de combustible acumulado.
Los tratamientos selvícolas, el pastoreo ordenado y los aprovechamientos forestales no solo reducen el riesgo de incendio, sino que generan productos renovables como madera, corcho, resina o biomasa que sustituyen materiales intensivos en carbono.
La paradoja es que España cuenta con el segundo patrimonio forestal más extenso de Europa (28,4 millones de hectáreas, el 56% del territorio), pero el sector forestal sigue siendo el gran olvidado en la política económica. El 72% de la superficie pertenece a pequeños propietarios privados, sin apenas incentivos ni instrumentos financieros adaptados, lo que desemboca en abandono y mayor riesgo de incendios.
En 2022, la extracción nacional de madera alcanzó los 19,7 millones de m³, con un valor estimado de más de 1.000 millones de euros. Pero esta cifra supone apenas el 35% del crecimiento anual de nuestros bosques, muy por debajo de la media europea (60%).
En 2023 y 2024, el FByCC también presentó comentarios al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y al proceso de participación pública del Libro Verde de Finanzas Sostenibles, entre los que se propusieron medidas concretas para revertir la espiral negativa de abandono del monte y sustituirla por una espiral positiva de actividad e inversión.
- Adecuación fiscal para incentivar la gestión activa, retribuir los servicios ecosistémicos y desincentivar el abandono.
- Fondo Forestal y para la Biodiversidad: un instrumento estable diseñado para financiar además de la restauración, la gestión activa y una bioeconomía capaz de sustituir materiales de origen fósil por otros de origen natural. Un ejemplo a seguir es el del fondo austriaco Waldfonds (430 M€), que contempla prevención, compensaciones, bioeconomía y empleo rural de manera integrada.
- Préstamos forestales verdes: vinculados a indicadores de sostenibilidad (KPI), con mejores condiciones financieras para proyectos que cumplan requisitos ambientales.
- Seguros forestales efectivos. Su implantación en España es insignificante frente al desarrollo alcanzado en otros países europeos.
El ámbito forestal también está quedando relegado de los fondos europeos, y de las políticas de financiación climática, por lo que también podrían activarse para gestionar nuestros montes :
- PERTE forestal que actúe como tractor industrial, fomentando el uso de madera en construcción, la biomasa para energía y nuevas cadenas de valor ligadas a la descarbonización.
- Fondo de Innovación europeo surgido del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, un instrumento clave diseñado para financiar y acelerar la comercialización de tecnologías bajas en carbono dotado con 40.000 millones de euros para la década 2020-2030.
El coste de no actuar es enorme, los grandes incendios causan cada año pérdidas millonarias en infraestructuras, servicios ecosistémicos y productividad rural. Por el contrario, la prevención es una inversión con retorno: dinamiza la bioeconomía, genera empleo en el medio rural y reduce la factura en emergencias. España puede dar un salto estratégico si pasa de considerar el monte como un gasto en extinción a tratarlo como una inversión en prevención, bioeconomía y desarrollo rural.
El ejemplo de la iniciativa austriaca demuestra que los fondos forestales funcionan. Nuestro país necesita un instrumento estable, multianual y adaptado a la realidad mediterránea que movilice inversión pública y privada, retribuya a los gestores del territorio y garantice que los bosques sigan siendo sumideros de carbono, fábricas de biodiversidad y motores de empleo.
Gestionar es prevenir, y prevenir es conservar. Invertir en gestión es la mejor póliza antiincendios y la mejor política de inversión sostenible.
